El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, divulgó un informe que pone en tela de juicio la transparencia en la adjudicación de los recursos del Sistema General de Regalías. Según López Maya, apenas el 8% de los 68 billones de pesos destinados a proyectos de regalías entre 2017 y 2024 se contrató mediante licitación pública.
“Este dato es alarmante y sugiere una falta de competencia en la asignación de contratos millonarios”, declaró López Maya.
El informe detalla que el 31% de los recursos se adjudicaron por contratación directa, mientras que el 29% se asignó a través de regímenes especiales de contratación. Estas modalidades, según expertos consultados, son más susceptibles a manipulación y favoritismos.
López Maya enfatizó la gravedad de la situación: “Estamos hablando de 62.56 billones de pesos que no pasaron por un proceso de licitación pública. Esto abre la puerta a sobrecostos e ineficiencias en la ejecución de los proyectos”.
El DNP identificó 1,714 entidades ejecutoras inscritas en el sistema de regalías. Estas, a su vez, suscribieron 138,862 contratos con terceros, de los cuales el 42% se firmó con personas naturales.
“La tercerización masiva de estos contratos dificulta el seguimiento y control de los recursos”, advirtió López Maya. El funcionario añadió que esta práctica podría estar relacionada con los 12 billones de pesos en irregularidades detectadas en una muestra del 15% de los proyectos.
El gobierno anunció medidas para corregir estas deficiencias. Entre ellas, la firma de un convenio con la Federación de Juntas de Acción Comunal para vigilar la ejecución de los proyectos a nivel local.
López Maya instó a los órganos de control a investigar estas anomalías: “Hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación que conforme un equipo especial para indagar estas irregularidades en la contratación”.
El informe del DNP también reveló que los años 2021 y 2022 concentraron la mayor asignación de recursos de regalías, coincidiendo con el período preelectoral. Esta situación ha generado sospechas sobre el posible uso de estos fondos con fines políticos.
