La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 12 años para el ejercicio de cargos públicos a Luis Guillermo Pérez Casas, actual superintendente del Subsidio Familiar.
La decisión se basa en su desconocimiento de la lista de elegibles de directores administrativos y agentes interventores, designando en su lugar a personas que no participaron en la convocatoria.
En respuesta a esta medida, Pérez rechazó la decisión a través de sus redes sociales, argumentando que uno de los procesos fue iniciado por el Gobierno anterior.
Según Pérez, la investigación se originó por orden de la exministra Margarita Cabello, debido a su solicitud de apoyo voluntario y solidario a la iniciativa de paz de monseñor Rubén Darío en Buenaventura, así como por abrir una lista cerrada dejada por el gobierno anterior para nombrar directores o agentes de intervención de cajas intervenidas.
Pérez también anunció que junto con varias centrales obreras, convocará a una rueda de prensa para hablar sobre el proceso legal con sus abogados.
