La Delegación del Gobierno en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha solicitado al comandante de esta guerrilla, Antonio García, que detenga sus ataques contra el presidente Gustavo Petro y los negociadores del gobierno. En un comunicado emitido recientemente, la delegación instó a García a “renunciar a la estrategia de difamación personal” y dejar de “perder el tiempo”.
El comunicado resalta que, a pesar de las dificultades, se ha logrado firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación, conocido como Acuerdo No. 28. Este acuerdo es crucial para cumplir con las expectativas de las comunidades y sectores que han depositado su confianza en el proceso de intervención democrática.
Sin embargo, la delegación gubernamental expresó su rechazo a la persistencia del ELN en no renunciar al secuestro por razones económicas, una postura que ha generado un fuerte rechazo en la sociedad colombiana. A pesar de los desafíos, el gobierno ha mantenido su compromiso y el cese al fuego, cumpliendo con todos los compromisos acordados, incluidos aquellos que proponen soluciones a las crisis actuales.
“Hemos mantenido este compromiso y el cese al fuego, a pesar de los anuncios de ‘congelamiento’ del ELN. Hemos cumplido todos los compromisos, que incluye proponer soluciones a las crisis”, se lee en el documento. La delegación también subrayó que ha guardado silencio para evitar caer en la lógica de la confrontación mediática, aunque reconocen que se están realizando discusiones para definir posiciones.
No obstante, consideran injustificables las agresiones de García contra el presidente Petro y los integrantes del equipo de paz del gobierno. “No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, agrega el comunicado.
Finalmente, la delegación reiteró su solicitud a Antonio García para que abandone la estrategia de ataques personales y se enfoque en trabajar en el cumplimiento de los acuerdos de participación, cese al fuego, suspensión del secuestro por razones económicas y las dinámicas humanitarias que demandan las comunidades y el país
