Bogotá. Las Defensorías del Pueblo de Norte de Santander, Arauca y Guajira fueron declaradas en alerta permanente antes el creciente número de deportaciones de colombianos llevadas a cabo por las autoridades venezolanas, particularmente en lo que va de 2015.
A la fecha se han reportado un total de 812 ciudadanos deportados de los cuales 523 ingresaron por el departamento de Norte de Santander, principalmente por la ciudad de Cúcuta. De ellos, cabe destacar que 503 han recibido el acompañamiento humanitario de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo por tratarse de situaciones de deportación masiva, mientras que las otras 20 personas han venido llegando de manera individual.
El último caso se registró ayer, con un reporte de 22 colombianos deportados, de los cuales 16 recibieron acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y un destacado apoyo de la Pastoral Social, particularmente a través de sus Centro de Atención al Migrante para ofrecer albergue y organizar la logística respectiva para el retorno de los colombianos a sus respectivos departamentos.
Por la frontera con el departamento de Arauca se han reportado dos grandes deportaciones masivas, la primera de ella entre el 3 y 4 de marzo con 111 ciudadanos y la segunda entre el 5 y 6 de marzo con un total de 114 connacionales. Se destacan casos de separación familiar de colombianos que luego de haber vivido por cerca de 30 años en Venezuela fueron expulsados y separados de sus hijos y cónyuges.
La totalidad de los 289 colombianos que llegaron por Arauca, provenientes de Venezuela, recibieron el acompañamiento humanitario de la Defensoría del Pueblo, toda vez que los ciudadanos han reportado haber sido objeto de malos tratos por parte de las autoridades venezolanas y que fueron obligados a caminar varias horas sin recibir alimento ni agua.
En el departamento de La Guajira, la Defensoría del Pueblo ha permanecido atento de situaciones similares de deportación; sin embargo, no se cuenta con un registro preciso de los colombianos que han ingresado por este fenómeno de expulsión desde territorio venezolano ante la falta de una oficina de migración que atienda estas situaciones.
