Bogotá. Ante la secuencia de hechos lamentables contra la infancia, el último de los cuales se presentó este fin de semana en el municipio de La Vega, Cundinamarca, el funcionario dijo que el país no puede seguir siendo testigo mudo de la crueldad y los crímenes contra los menores de edad.
“Llegó la hora de conmovernos y de que reaccionemos como sociedad y como Estado porque no se trata de situaciones normales”, manifestó Otálora Gómez, quien ordenó el desplazamiento de un equipo interdisciplinario para hacer seguimiento al caso de La Vega.
Información recopilada por la Defensoría del Pueblo a través de la Personería Municipal y la familia del menor, indica que había sido reportado como desaparecido el sábado anterior, y que desde entonces se adelantaban diligencias en su búsqueda, hasta que en las última horas unidades de la Policía Nacional encontraron el cuerpo sin vida del niño de 7 años desmembrado y con señales de tortura en la vereda Nagui Alto de esa localidad.
El Defensor del Pueblo afirmó que aunque la ciudadanía debería solidarizarse de manera espontánea para colaborar con el esclarecimiento de este tipo de situaciones, ante la frecuencia con la que se están suscitando estos actos de barbarie, es necesario que las autoridades agoten todas las instancias para estimular la denuncia e impedir la impunidad.
El defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, reiteró el respaldo institucional a la marcha contra la violencia infantil en Florencia, Caquetá, a propósito de la reciente masacre de cuatro niños, niñas y adolescentes en zona rural de esa capital, donde las informaciones alrededor de este crimen y del seguimiento a las advertencias que había hecho la familia de los menores respecto a situaciones de amenaza, siguen siendo fragmentarias.
