La Entidad considera que la disminución del 9,5 por ciento obedece a las consecuencias de la operación reglamento y a cupos en establecimientos no habilitados para el albergue de reclusos
Tras el reciente pronunciamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respecto a una significativa reducción en las cifras de hacinamiento carcelario, la Defensoría del Pueblo expresó reparos a ese diagnóstico, pues a juicio de la Entidad desconoce la influencia de situaciones como la operación reglamento que desde hace más de 2 meses adelantan los miembros de la guardia en al menos 23 establecimientos del país, donde se alberga a un tercio de la población reclusa, es decir entre 50 y 60 mil personas.
Según el Inpec, la disminución del 9,5 por ciento obedece a que los jueces aplicaron la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, otorgando beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria y suspensión de la pena a 18.732 internos, lo cual permitió la creación de 489 cupos.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo existen situaciones coyunturales que tienen alta incidencia en estos resultados, y que son completamente ajenas a las medidas judiciales que atribuye el Instituto, pues sólo en el caso de la operación reglamento es evidente que la parálisis no ha permitido la entrada de nuevos reclusos a las penitenciarías, generando enorme congestión en las URI y en las estaciones de Policía.
Dice el Inpec que el hacinamiento de 49 por ciento registrado hoy, con base en la disminución que alude ese organismo, tiene que ver con el aumento en los cupos carcelarios, factor que a criterio de la Defensoría genera serias dudas, pues por una parte se ha relacionado la apertura de nuevos cupos con plazas correspondientes a establecimientos no habilitados para albergar nuevos reclusos, como sucede en Guaduas y Facatativá; y por otro lado, la Defensoría ha evidenciado cómo espacios diseñados para el esparcimiento, la reflexión y la capacitación de los internos son convertidos en celdas, sin las condiciones de infraestructura en materia de servicios públicos ni habitación digna.
Es el caso de la cárcel de Riohacha, donde el altar de lo que iba a ser una pequeña capilla se volvió dormitorio.
Para la Defensoría es claro que si se tiene en cuenta la cantidad de personas recluidas en los centros de detención transitoria (URIS y estaciones de Policía), la cifra de hacinamiento se ubicaría en el 53 por ciento, es decir cuatro puntos por encima del que reporta el Inpec a costa del sufrimiento de cientos de ciudadanos, que independientemente de su situación judicial, ven vulnerados sus derechos cada día.
