Defensoría pide a Gobierno y autoridades ajustar medidas ante racha de ataques contra líderes de víctimas

Al expresar su rechazo y preocupación frente a hechos como el asesinato de dos representantes de las comunidades indígenas en Chocó y la muerte en extrañas circunstancias de un integrante de la mesa de víctimas en el departamento del Quindío, el Defensor del Pueblo, Jorge...


Al expresar su rechazo y preocupación frente a hechos como el asesinato de dos representantes de las comunidades indígenas en Chocó y la muerte en extrañas circunstancias de un integrante de la mesa de víctimas en el departamento del Quindío, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, formuló un llamado a los Ministerios de Interior y Defensa, así como a los organismos de seguridad del Estado para que adopten las medidas encaminadas a prevenir, neutralizar e investigar estos episodios, que atentan contra las víctimas del conflicto armado y los líderes sociales en diversas regiones del país.

A partir de un estudio realizado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría estableció mediante entrevistas a líderes de organizaciones sociales en 28 de los 32 departamentos del país, y otras verificaciones metodológicas en terreno, que actualmente 336 representantes de las víctimas a nivel nacional son objeto de amenazas.

Lea también  Hay que aumentar capacidad diaria de pruebas de COVID-19: INS

En el caso de Ancizar Ruiz Ceballos, víctima de desplazamiento forzado y cuya muerte no ha sido aclarada por las autoridades, existen antecedentes sobre mensajes intimidatorios de presuntos integrantes de “Los Urabeños” contra algunos de sus compañeros en la mesa departamental de participación efectiva en el Eje Cafetero.

Cabe recordar que durante el último año, la Unidad Nacional de Protección (UNP), realizó 1.848 evaluaciones de riesgo para representantes o activistas de organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, sociales, cívicas y comunales, de las cuales 1.056 fueron catalogadas con nivel extraordinario de riesgo y 643 en la categoría de riesgo ordinario.
Las situaciones evidenciadas por la Defensoría del Pueblo a través de su estudio, están localizadas en 17 departamentos, para los cuales el Sistema de Alertas Tempranas ya había emitido con anterioridad informes de riesgo y notas de seguimiento que cobijaban a 52 municipios ubicados en regiones como el mismo Quindío, Antioquia, Arauca, Bolívar, Córdoba, Sucre, Caquetá, Guajira, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Chocó.

Lea también  Procuraduría pide garantizar dotación de bioseguridad para personal asistencial

Precisamente este último departamento fue escenario, el fin de semana, del asesinato de los líderes indígenas Ernelio Pacheco Tunay y Miguel Becheche Zarco, quienes fueron interceptados por hombres fuertemente armados cuando se movilizaban en embarcaciones por los ríos Nauca y Baudó, respectivamente, en una zona donde la confrontación entre la guerrilla del ELN y el grupo post desmovilizado de “Los Urabeños” bajo el nombre de “Autodefensas Gaitanistas”, mantiene atemorizada a la población.

Ante este panorama y los anuncios del Gobierno en el sentido de desmontar algunos esquemas de seguridad por problemas de presupuesto, el Defensor del Pueblo pidió no confundir la ausencia de recursos con la necesidad de garantizar la protección de las personas en riesgo, particularmente si se trata de las víctimas y los líderes sociales.
Otros hechos de violencia y afectación a los Derechos Humanos.

Lea también  Seis nuevos fallecimientos por coronavirus en el país: ya son 25

Por otro lado, la Defensoría expresó su preocupación por hechos como el plan pistola contra miembros de la Fuerza Pública en regiones como Antioquia y Córdoba, donde se han presentado ataques contra personal en actividades fuera del servicio y donde, en algunos casos, han significado escenarios de riesgo para la población civil. En este sentido, el defensor Otálora Gómez también llamó la atención respecto de acciones como el asesinato de dos contratistas de Ecopetrol en Norte de Santander atribuido al ELN, y reiteró su reclamo a los grupos armados ilegales para que acaten los principios del Derecho Internacional Humanitario, pues como lo ha manifestado en varias ocasiones, negociar en medio del conflicto no implica desconocer esas normas elementales de respeto por los derechos humanos.