La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001-25 para advertir sobre los riesgos que enfrenta la población civil en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, tras la fragmentación del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias Farc.
La disputa armada entre facciones lideradas por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ afecta a 45 municipios y tres áreas municipalizadas en las regiones de la Amazonia y la Orinoquía.
Según el comunicado, las tensiones y enfrentamientos armados han generado riesgos extremos en zonas como Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Santander (Amazonas), Mesetas (Meta), y Calamar (Guaviare).
En otros lugares, como San José del Guaviare y el Bajo Putumayo, los riesgos están vinculados a la estigmatización de comunidades y la imposición de gobernanzas armadas ilegales.
Entre las principales afectaciones señaladas se encuentran el reclutamiento forzado de menores, especialmente de comunidades indígenas, desplazamiento forzado, restricciones al acceso a bienes esenciales, amenazas contra líderes sociales y contaminación por minas antipersonal y otros artefactos explosivos.
Además, la Defensoría alertó sobre los riesgos para quienes han desertado de las disidencias y la falta de gestión digna de cadáveres.
La entidad también emitió una serie de recomendaciones a diversas instancias del Gobierno.
Entre estas, pidió a la Presidencia y al Comisionado de Paz priorizar las garantías de no repetición en los diálogos de paz; al Ministerio del Interior, fortalecer medidas de prevención y protección; y a la Fuerza Pública, diseñar estrategias de seguridad con enfoque en derechos humanos.
Finalmente, la Defensoría instó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar a la población civil, y solicitó a la comunidad internacional fortalecer su apoyo en la protección de derechos humanos en las regiones afectadas.
