Un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo arroja luz sobre la difícil situación que enfrentan los periodistas en Colombia. La encuesta, realizada a nivel nacional, revela que el 47.7% de las vulneraciones reportadas provienen de estructuras armadas ilegales, crimen organizado y delincuencia común, configurando el principal desafío para la libertad de prensa en el país.
Los datos muestran un panorama diverso de amenazas: el 21.2% de los ataques provienen de líderes políticos, mientras que el 13.2% son atribuidos a miembros de las Fuerzas Militares. Funcionarios públicos y empleadores también figuran como responsables, con 12% y 8% respectivamente.
En cuanto a la naturaleza de las vulneraciones, el 36% de los encuestados reportó amenazas contra su vida e integridad, y un 37% denunció ataques a sus derechos de informar y expresarse. La integridad psicológica y moral se vio afectada en un 17% de los casos, mientras que el 10% experimentó vulneraciones a sus derechos económicos y contractuales.
Las formas de intimidación varían, siendo la verbal la más común (37.4%), seguida por amenazas telefónicas (23%) y a través de redes sociales (21.4%). Estos datos subrayan la urgencia de implementar medidas de protección integral para los comunicadores.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los sectores de la sociedad para garantizar el respeto a la labor periodística, enfatizando su papel crucial en el fortalecimiento de la democracia y el derecho a la información.
