El documento tiene fecha del 4 de noviembre de 2002 y especifica que la firma extranjera Eversheds Sutherland Nicea S.L.P. le brindará toda la línea jurídica a Colombia para que se defina de qué forma, y cuándo, podría comenzar a importarse gas desde el vecino país.
“El objeto del presente contrato es: servicio de asesoría jurídica internacional externa en aspectos legales, regulatorios y mercado Oil & Gas venezolano para negocios que puedan desarrollarse, principalmente para la compra, importación y servicio de transporte de gas natural a Colombia y contratos suscritos, entre otros”, se lee textualmente en la primera página del contrato.
“El valor del presente contrato es de cuantía indeterminada. Para efectos de aplicación de las cláusulas de multas y penal el valor será de 76.625 USD”, se advierte en la cláusula tres, que traducida a pesos colombianos equivale a unos $370 millones.
La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, mostró el documento y advirtió que el haber dado ese paso, el firmar el contrato de asesoría jurídica, demuestra que el Gobierno de Petro no tiene intención de escuchar las alertas que se han hecho sobre el perjuicio que, a su juicio, causaría traer gas venezolano.
“Lo que pretenden es que dependamos del gas y de los hidrocarburos de Venezuela”, enfatizó Arbeláez.
“En menos de 100 días, usted, ministra, ha logrado un verdadero tsunami en el mercado económico, y lo dice el propio Ministro de Hacienda (José Antonio Ocampo) por sus afirmaciones, porque hay preocupación el mercado exterior”, dijo Arbeláez.