El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación recapturó a Andrés Sepúlveda Ardila luego de que un juez de la República expidiera una orden en este sentido.
La petición de la Fiscalía se sustenta en que la jueza décima del circuito de Bogotá, con funciones de control de garantías, había señalado que en el material presentado por el ente acusador para solicitar la primera medida de aseguramiento no existían elementos que permitieran inferir la posible conducta criminal del llamado hacker y señaló que la nulidad afectaba incluso la medida de aseguramiento.
Sin embargo, luego de este hecho, la Fiscalía presentó nuevamente la solicitud y otro juez determinó que sí había motivo para ordenar la captura de este individuo. La primera captura de Sepúlveda se había presentado en la madrugada del 5 y 6 de mayo cuando el CTI allanó la sede de la oficina de este hombre.
El Vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, explicó que a las 6:15 de la mañana de este martes 10 de junio, los investigadores del CTI recapturaron a Sepúlveda. “Mientras la jueza décima penal del circuito de Bogotá consideró que debía dejar libre y anular la imputación por falta de evidencias, ayer mismo, un juez de control de garantías ordenó la captura del señor Sepúlveda Ardila por considerar que existe suficiente evidencia procesal que permite inferir que puede ser autor de delitos graves”.
Perdomo aseguró también que fue tomada la decisión de ordenar una investigación contra la jueza décima penal del circuito de Bogotá, Teresita Barrera Madero, por la posible realización del delito de prevaricato por acción porque “no entendemos que con esta evidencia se haya tomado esa decisión. La petición estaba referida solo a la medida de aseguramiento y ella lo que hace es decretar una nulidad de todo lo actuado”.
En cuanto a Sepúlveda, la decisión de la Fiscalía señala que a los delitos de espionaje, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personajes se le agregó el de concierto para delinquir.
Perdomo enfatizó en que la Fiscalía cuenta con evidencia contundente para afirmar que estamos ante hechos graves que no solo afectan la seguridad nacional y los intereses del Estado colombiano, sino que afectan la actividad y el trabajo de algunas instituciones e incluso el trabajo de la Fiscalía General de la Nación.
“Son hechos que violan el derecho sagrado a la intimidad de los ciudadanos. Interceptar comunicaciones está prohibido para las personas que no están autorizadas para ello”.
Entre las evidencias que se han manejado y que ha conocido la opinión pública, la Fiscalía cuenta con videos donde aparece Sepúlveda Ardila transmitiendo información confidencial de inteligencia a otras personas. “Esas grabaciones fueron verificadas por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en su autenticidad y además se logró la identificación morfológica de quienes allí aparecen.
“Tenemos videos que revelan la compra y venta de información de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Policía. Tenemos bases de datos y testimonios que dan cuenta del seguimiento, sabotaje e interceptación de los diálogos de paz de La Habana (Cuba) –Afirma Perdomo–. Contamos con 33 equipos de cómputo incautados en los allanamientos en cuyas memorias se encontraron bases de datos con información reservada perteneciente a diferentes instituciones, en concreto a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), la Dirección de Inteligencia del Ejército así como también bases de datos de la Fiscalía General de la Nación”.
En el marco de la investigación, la Fiscalía también halló en los equipos incautados “bases de datos reservadas del Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) donde se encuentra información individual, personal y del núcleo familiar de desmovilizados de la guerrilla y todo esto es refrendado con varios testimonios reibidos en el proceso a diferentes personas que confirman la venta y compra de información de inteligencia, la interceptación ilegal de correos electrónicos de ciudadanos y otras actividades ilegales”, enfatizó el Vicefiscal.
El pasado 4 de junio fue capturado por el CTI el ecuatoriano Daniel Agustín Bajaña Guzmán, a quien se sindica de haber interceptado el correo electrónico del exvicepresidente Francisco Santos Calderón. Este hombre está siendo judicializado por la presunta comisión de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, espionaje y concierto para delinquir. Se consideró que existía riesgo de que se fugara y no compareciese ante los jueces durante las audiencias preliminares al proceso.