La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente ante la crítica situación que enfrenta la subregión del San Juan en Chocó, tras el anuncio de un paro armado indefinido por parte del ELN.
Este conflicto afecta directamente a 85 comunidades afro e indígenas, sumando aproximadamente 45.000 personas en situación de confinamiento.
La crisis se agudiza en municipios como Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, donde 7.500 personas enfrentan una doble afectación debido al conflicto armado y factores ambientales asociados al cambio climático.
La disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) empeora la situación para las familias asentadas en las cuencas de varios ríos y zonas aledañas.
El paro armado amenaza los derechos fundamentales de la población, restringiendo la movilidad y el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación.
La Defensoría ha hecho un llamado urgente a las instituciones estatales para implementar acciones de prevención y protección, subrayando la importancia de atender las Alertas Tempranas emitidas para la región.
Desde julio pasado, la Defensoría ha realizado seguimiento a la situación y solicitado medidas inmediatas de protección. La entidad recuerda que durante 2023 se registraron seis paros armados en el departamento, y ya se contabilizan dos en lo que va de 2024, evidenciando la persistencia y gravedad del conflicto en la zona.
