La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra nueve congresistas señalados por la Fiscalía General de la Nación de estar presuntamente involucrados en actos de corrupción relacionados con irregularidades en la contratación dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía remitió a la Corte Suprema dos archivos con información sobre los legisladores implicados. En el primer archivo se mencionan los nombres de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, quienes habrían recibido supuestamente un soborno de $4.000 millones provenientes de sobrecostos en un contrato para la adquisición de carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira. Este expediente se encuentra bajo la responsabilidad del magistrado Francisco Farfán.
El segundo archivo entregado por la Fiscalía contiene información sobre el representante Wadith Alberto Manzur, quien ya contaba con una investigación en curso por parte de la Sala de Instrucción. Además, se señala a otros seis congresistas: Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. La investigación de este caso estará a cargo del magistrado Héctor Alarcón Granobles.
Así, la Corte Suprema decidió unificar las investigaciones bajo la dirección del magistrado Alarcón Granobles, argumentando la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa ocurrido en una entidad pública durante un periodo determinado, con la participación de algunos directivos y con características similares en las presuntas conductas ilícitas.
Esta medida, amparada en el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, busca desarrollar una investigación penal concentrada para obtener respuestas a hechos de interés público.
