La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial. El alto tribunal determinó que los jueces pueden utilizar herramientas como ChatGPT, pero estableció límites claros para su aplicación, enfatizando que la IA nunca podrá reemplazar a los jueces humanos en la toma de decisiones judiciales.
El fallo surgió tras el estudio de una tutela presentada por la madre de un menor con autismo contra una EPS, solicitando amparo de los derechos a la salud y vida digna. Un juez de Cartagena utilizó ChatGPT al fallar una apelación, lo que generó controversia y llevó el caso a la Corte Constitucional.
La Corte dividió su análisis en dos aspectos principales: la posible vulneración del debido proceso por el uso de IA y la afectación de los derechos del menor. Respecto al menor, el tribunal ordenó a la EPS exonerar al niño de copagos y cuotas moderadoras en un plazo de 48 horas.
Sobre el uso de IA, la Corte estableció que es admisible emplearla para gestión administrativa, apoyo a funciones no creativas, y corrección y síntesis de textos, siempre bajo supervisión humana. Sin embargo, enfatizó que la IA no puede reemplazar al juez en la toma de decisiones, independientemente de la complejidad del caso.
El alto tribunal indicó que el uso de IA debe respetar la independencia e imparcialidad judicial, evitando influencias externas o sesgos en las decisiones. En el caso específico del juez de Cartagena, la Corte concluyó que no hubo reemplazo de la función judicial, ya que ChatGPT se utilizó después de fundamentar y tomar la decisión.
Como resultado, la Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura crear, en un plazo máximo de cuatro meses, lineamientos sobre el uso de ChatGPT en la Rama Judicial. Además, instó a los jueces a evaluar cuidadosamente el uso de herramientas de IA, considerando las mejores prácticas y aplicando criterios éticos para garantizar los derechos fundamentales y la independencia judicial.
Este fallo marca un precedente importante en la regulación del uso de inteligencia artificial en el sistema judicial colombiano, buscando un equilibrio entre innovación tecnológica y la preservación de las garantías fundamentales del Estado de Derecho.
