La Corte Constitucional de Colombia admitió la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión, anunciada el 14 de agosto de 2024, marca un hito en el debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano.
La demanda de Valencia, líder de la oposición, se fundamenta en cuestiones de trámite legislativo y constitucionalidad. Entre los puntos críticos señalados se encuentra el establecimiento de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, lo cual, según la senadora, va en contra de la Constitución.
Otro aspecto controvertido es la constitucionalidad condicionada del impuesto a las pensiones. Valencia argumenta que la redacción actual deja sin resolución clara si el gravamen se aplica mensual o anualmente a las pensiones que exceden los 1.000 UVT.
La senadora ha expresado su preocupación por el impacto a largo plazo de la reforma, afirmando que dejaría una “deuda impagable” a los jóvenes colombianos. Además, critica el proceso legislativo, señalando que la Cámara eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado sin la debida deliberación.
En un comunicado, rechazó las acusaciones de que su oposición a la reforma implica una falta de preocupación por los adultos mayores.
“Por supuesto que estoy de acuerdo con el subsidio al adulto mayor”, afirmó Valencia, recordando que el expresidente Uribe fue impulsor de esta iniciativa y que durante el gobierno de Duque se logró duplicar y hacer mensual dicho subsidio.
Valencia celebra la decisión de la Corte, considerándola un paso importante para proteger el futuro económico de las generaciones venideras. La admisión de esta demanda abre un nuevo capítulo en el debate sobre la reforma pensional, que promete ser uno de los temas más discutidos en la política colombiana en los próximos meses.
En total, a la Corte Constitucional han llegado unas 100 demandas en contra de la reforma pensional, Ley que fue sancionada el martes 16 de julio por el presidente de la República, Gustavo Petro.
