La Contraloría General de la Nación destapó un escándalo financiero en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), revelando irregularidades que ascienden a más de $28 mil millones. Estas anomalías, que incluyen contratos indebidos, cobros de cartera y ocupaciones irregulares de inmuebles, tienen sus raíces en administraciones anteriores, remontándose incluso a la época de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
El informe señala un detrimento patrimonial alarmante, con más de $16 mil millones atribuidos a ocupaciones irregulares de propiedades en las principales ciudades del país.
Daniel Rojas Medellín, al asumir la presidencia de la SAE en 2022, se encontró con un 47.7% de bienes en ocupación irregular, logrando reducir esta cifra al 45.4% a finales de 2023.
Entre los casos más preocupantes se destaca la venta de caballos de paso fino por debajo de su valor comercial y la pérdida de 69 relojes, sumando un detrimento adicional de más de $1,300 millones. Además, se reportaron 31 taxis extraviados, consecuencia de contratos firmados por administraciones previas.
A pesar de estos desafíos, la SAE ha implementado estrategias para recuperar y destinar adecuadamente los bienes, apoyando proyectos sociales y la reforma agraria. Un ejemplo notable es el edificio Lina Cristina, en proceso de ser destinado a la Universidad Nacional sede Palmira.
