La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de predios para la Reforma Rural Integral, con hallazgos fiscales que ascienden a $160 mil millones.
“Esta auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el período comprendido entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024 y se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal”, indicó la Contraloría.
Además, se solicitó una indagación preliminar y un proceso sancionatorio por inconsistencias en la información presentada por la entidad.
Uno de los principales hallazgos corresponde a la compra de predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria.
Se identificaron terrenos con más del 50% de su superficie en suelos clase VII, lo que los hace inaptos para cultivos y ganadería, según la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014.
También se evidenció la presencia de humedales en un 30% de algunos predios, afectando su viabilidad para el desarrollo de proyectos productivos. Estas adquisiciones comprometen recursos públicos por $43.306 millones.
Otro aspecto señalado en la auditoría es la ocupación ilegal de predios adquiridos para comunidades campesinas. La falta de control y vigilancia habría permitido invasiones, generando un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones.
Además, la auditoría reveló retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas. Del total de predios ingresados al Fondo de Tierras, solo el 18,5% han sido formalmente registrados y el 12,2% han sido entregados a la población campesina.
En el caso de comunidades indígenas, la cifra es del 5,3%, mientras que solo el 1% ha sido adjudicado a comunidades negras.
La demora en la entrega impacta la implementación de proyectos productivos y genera costos adicionales para la ANT por mantenimiento de tierras no adjudicadas.
Según la Contraloría, esto habría causado un presunto detrimento patrimonial de $110.322 millones, afectando el cumplimiento de compromisos del Acuerdo de Paz.
