La Contraloría General de la República identificó un detrimento fiscal que asciende a $1.920 millones, una cifra que pone en entredicho la gestión financiera de la entidad encargada de velar por el bienestar de la niñez colombiana.
Este detrimento, según el informe de la Contraloría, es el resultado de inejecuciones identificadas por la supervisión en el acta de legalización de cuenta. Lo más alarmante es que estos recursos no han sido reinvertidos ni reintegrados, lo que sugiere una falta de seguimiento y control en el manejo de los fondos públicos asignados al ICBF.
La Contraloría no ha proporcionado detalles específicos sobre los proyectos o programas afectados por esta inejecución de recursos. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre este hallazgo y las medidas que se tomarán para corregir estas irregularidades y prevenir situaciones similares en el futuro.
