Continúa el alto nivel de impunidad en investigaciones por violación de derechos humanos: ONU

La ONU recomendó una reforma profunda del modelo de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos,
6 días atrás
Foto: ONU

Durante la sesión 56 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, destacó la persistencia de altos niveles de impunidad en las investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia. Esta impunidad, según de Rivero, ha contribuido a la perpetuación de la violencia en el país, una conclusión que también respalda la Comisión de la Verdad.

En su intervención, la ONU enfatizó la importancia crucial de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para garantizar los derechos de las víctimas. Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue a los máximos responsables de delitos que aún no han reconocido plenamente la verdad o su responsabilidad ante la JEP. La ONU subrayó la necesidad de que las investigaciones en casos de graves violaciones de derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y sean asumidas por la jurisdicción ordinaria.

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Además de la preocupación por la impunidad, la ONU expresó su alarma por la persistencia de la violencia en ciertas áreas de Colombia, que pone en riesgo la supervivencia de varios pueblos indígenas y afrodescendientes. La oficina verificó numerosos casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en el país, con un aumento significativo en las alegaciones durante el primer semestre de 2024. Esta violencia afecta particularmente a miembros de juntas de acción comunal, autoridades indígenas y afrodescendientes, así como a personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente.

En respuesta a esta situación, la ONU recomendó una reforma profunda del modelo de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, asegurando la participación activa de estas comunidades en el proceso.

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