Consejo de Estado condenó a la Nación por caso de ‘niño bomba’ usado por las Farc en Nariño

La familia del niño de 11 años será indemnizada por orden del Consejo de Estado.


Redacción. En las últimas horas se conoció que el Consejo de Estado condenó a la Nación por su responsabilidad en el caso del ‘niño bomba’, ocurrido el 25 de marzo de 2010 en El Charco, Nariño.

El hecho conmocionó al país luego de que Heriberto Grueso Estupiñán, de tan solo 11 años, fuese engañado por integrantes del frente 29 de la antigua guerrilla de las Farc, para dejar un paquete en la estación de Policía de dicha localidad nariñense.

Cuando el menor llegó al lugar, el artefacto fue detonado vía celular por los guerrilleros, causándole la muerte e hiriendo a varios uniformados.

En su momento, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró la responsabilidad de la Nación por daño especial, destacando que el menor fue víctima “de la acción demencial de un grupo armado al margen de la ley, que se aprovechó de la inocencia de un niño para concretar sus intenciones terroristas”.

10 años después, en segunda instancia el Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

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Según detalló El Espectador, informado por fuentes oficiales, el alto tribunal probó que los miembros de la Policía de El Charco conocían las amenazas en su contra, por parte de grupos armados al margen de la ley y que no tomaron medidas de prevención concretas, pues estas solo se determinaron después del atentado.

Sin embargo, se reconoció que la forma como la guerrilla atentó contra el cuerpo de uniformados “hacía imposible para la entidad asumir un protocolo especial de protección para los agentes y la población civil”.

“Habida cuenta de que el daño, pese a que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos al margen de la ley, óptica bajo la cual no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión, representan, hacen visible y palpable la legitimidad del Estado”, dice la decisión.

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La familia de Heriberto será indemnizada por orden del Consejo de Estado, aunque se establece un descuento en el monto reconocido, por la suma otorgada por la Unidad de Víctimas en 2011.

En el expediente del caso figura el testimonio de uno de los agentes, quien declaró en su momento que “desde hace días teníamos la información que la guerrilla tenía planeado atentar contra las instalaciones policiales, por eso estábamos alertas, lo que nunca me imaginé fue que la activaran de esa manera utilizando un correo humano”.

También se destacan las afirmaciones de un desmovilizado, quien indicó que, al menor, que se dedicaba a hacer mandados, le pagaron mil pesos para llevar el supuesto paquete.

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Según declaró el exintegrante de las Farc, el artefacto sería detonado una vez el niño lo dejara en una esquina de la estación de Policía, sin embargo, fue activado antes.

Por su parte la firma Javier Villegas Posada Abogados, a la que acudió la familia del menor un año después de los hechos para llevar el proceso, indicó que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que el fallo no se ajusta a los estándares internacionales para graves violaciones a los derechos humanos y no hubo reparación integral.

Además de ello, la solicitud estará enfocada en que no se conoce la identificación de los autores materiales e intelectuales del hecho, por lo que alegan que el caso sigue en la impunidad.



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