El Ejército de Liberación Nacional (ELN) presentó una nueva condición para continuar el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional, que expira hoy a medianoche. El grupo armado exige ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) mediante un decreto presidencial. Esta petición ha generado reacciones negativas entre varios congresistas.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, criticó la propuesta, señalando que en 2023 los grupos armados en diálogo con el Gobierno fueron responsables de cerca de 236 violaciones a los Derechos Humanos, según la Defensoría del Pueblo. Motoa consideró que reconocer al ELN como una organización con carácter político sería irrespetuoso para los colombianos.
Por su parte, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, rechazó la posibilidad de otorgar más beneficios al ELN, cuestionando si esto implicaría más curules para el grupo armado. Katherine Miranda, de la Alianza Verde, expresó dudas sobre quién lidera realmente la negociación, afirmando que el ELN claramente no es una ONG.
Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, calificó la postura del ELN como un “descaro” y sugirió que el gobierno podría aceptar la condición, consolidando así lo que él considera un “cuerpo paramilitar” para el 2026.
El viernes, el Gobierno había expresado su disposición a realizar una “extensión técnica por unas semanas” del cese al fuego, siguiendo las recomendaciones de la Iglesia y las Naciones Unidas. Sin embargo, la nueva exigencia del ELN pone en duda la continuidad del cese al fuego y el futuro de las conversaciones.
Esta situación se produce en un contexto donde el Gobierno de Gustavo Petro busca avanzar en los diálogos de paz con diversos grupos armados, como parte de su política de “paz total”. No obstante, las continuas acciones violentas y las nuevas demandas de estos grupos han generado escepticismo en sectores de la oposición y en parte de la opinión pública sobre la viabilidad y efectividad de estas negociaciones.
