Así lo demuestran las cifras del reciente informe de Global Witness, una prestigiosa ONG que defiende las causas ambientales y desnuda los vínculos del poder, la corrupción y la pobreza asociados a la explotación de los recursos naturales.
De acuerdo con Global Witness, en el año 2023 en Colombia hubo un incremento en el número de crímenes contra defensores de la tierra y el medio ambiente, con un registro de 79 asesinatos. La cifra representa el 40% de estos casos en todo el mundo.
El patrón de homicidios contra líderes ambientalistas en Colombia viene en escalada desde los últimos tres años. En el 2022, se documentaron 60 casos de asesinatos a defensores de la tierra y el medioambiente, casi el doble que en el 2021, cuando ocurrieron 33 casos.
Según los reportes, los países que tienen los casos más altos de asesinatos a líderes ambientales son latinoamericanos. Después de Colombia, en la lista le siguen Brasil (con 25 muertes), Honduras (18) y México (18). Latinoamérica acumuló en conjunto el 85% de casos del mundo.
Asimismo, el informe arroja la identidad étnica de las personas dentro de las cifras de homicidios, revelando que 31 de los líderes ambientalistas y defensores de la tierra asesinados en Colombia en 2023 eran indígenas y seis pertenecían a comunidades afrodescendientes.
Por otra parte, el documento dio a conocer las regiones con más acumulación de violencia relacionada con la defensa del medioambiente en Colombia, donde el suroccidente del Cauca se ubica en primer lugar con 26 casos, seguido de Nariño con 9 y, por último, Putumayo con 7.
En estas zonas del país se libra un conflicto entre las disidencias y otros actores armados ilegales que buscan controlar el territorio para obtener rentas ilícitas a partir de la explotación de la naturaleza para la siembra de cultivos ilícitos o minería ilegal, o bien para apropiarse de la tierra.
Global Witness revela que “se sospecha que los grupos del crimen organizado son los autores de la mitad de los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”.
El informe señala que el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a reducir la violencia, pero esto no se ha traducido todavía en una disminución de las represalias contra algunos de los activistas y comunidades más vulnerables del país.
“Por el contrario, la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales parece ir en aumento, y la organización colombiana Programa Somos Defensores no informa de ninguna mejora significativa en las tendencias generales. El gobierno colombiano tiene una oportunidad histórica para abordar estos retos como anfitrión de la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en octubre de 2024”.
Los datos se traslapan con los informes del Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, que hasta agosto de 2024 registra al menos 98 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
