EFE
Las agresiones contra defensores de los derechos humanos en Colombia se incrementaron en 2014, año en el cual 626 sufrieron algún tipo de coacción y 55 de ellos fueron asesinados, según el informe anual de la ONG Somos Defensores divulgado ayer Miércoles.
El informe hace un símil con “La Divina Comedia” para llamar la atención sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el país y con ese propósito el documento está dividido en los capítulos de “El Infierno”, “El Purgatorio” y “El Paraíso”, como el poema de Dante Alighieri.
Las cifras sobre agresiones están contenidas en el capítulo de “El Purgatorio”, que muestra que el año pasado los defensores de derechos humanos fueron “víctimas de una andanada de amenazas jamás registradas en Colombia”.
Según el registro del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh), 55 personas fueron asesinadas en 2014 por su defensa de estos principios, cifra que sin embargo es inferior a los 78 homicidios registrados en 2013.
De los 55 asesinados, el 90 % fueron hombres (49 casos) y 10 % mujeres (6 casos).
A Somos Defensores le preocupa especialmente que los seis asesinatos de mujeres ocurrieron en el segundo semestre y llamó la atención para el hecho de que las víctimas eran líderes de juntas de acción comunal o procesos comunitarios de base en territorios de explotación petrolera y minera en los departamentos de Arauca, Meta y Norte de Santander.
El mayor número de homicidios fue registrado en el departamento del Cauca, uno de los que más ha sufrido la violencia del conflicto armado colombiano, donde fueron asesinados 10 defensores.
Le siguen el Chocó con 5 casos; Atlántico, Meta, Valle del Cauca y Putumayo, cada uno con cuatro casos.
“Durante el 2014, en promedio cada siete días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia”, agrega el informe.
De los 55 defensores asesinados, el 60 % (31 casos) había denunciado amenazas y tres de ellos contaban con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Policía Nacional, situación que los autores del informe consideran “preocupante”.
El documento fue elaborado con el apoyo financiero de las embajadas de Canadá y Noruega, y de la ONG Diakonia Suecia.
