El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, aseguró que el Gobierno no tiene razón al oponerse a la eliminación del cobro en la reconexión de servicios públicos.
Según la Procuraduría, la norma objetada no modifica los costos de los servicios públicos sino los de un servicio administrativo.
De igual manera señaló que la reconexión es un derecho, incluso cuando se ha generado una mora en los pagos del servicio, por lo cual no puede a este sumársele un valor.