Claves para entender el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe

La Fiscalía asignó a Gabriel Jaimes como fiscal especial del caso, y será él quien decidirán entre la preclusión del proceso o acusar a Uribe.


Redacción. El proceso que cursa contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, inició en febrero de 2012 cuando el también exsenador, demando por presunta manipulación de testigos al congresista Iván Cepeda.

Sin embargo, la demanda terminó por volcarse contra el exmandatario, toda vez que la Corte Suprema decidiera archivar el caso e iniciar una investigación contra Uribe, por el mismo delito.

En este sentido, el alto tribunal consideró que el senador del Polo Democrático no creó un ‘cartel’ de falsos testigos contra Uribe, pero que las pruebas evidenciaban que Juan Guillermo Villegas y otras personas cercanas al exmandatario usaron testigos para declarar contra Cepeda.

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En el proceso, también fue tomada en cuenta la declaración del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y que además aseguró que el abogado Diego Cadena, le ofreció beneficios si declaraba a favor de Uribe.

Asimismo, indicó que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, se fundó en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe y que era administrada por su padre.

Según Monsalve, en la creación de ese grupo habría participado el expresidente y su hermano Santiago Uribe, además de que aseguró que también se habrían planeado matanzas.

Conforme avanzó el proceso, Monsalve, considerado uno de los testigos clave, se retractó de sus declaraciones y confesó que esta actuación obedecía a presiones del abogado Cadena.

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Es en este punto que la Corte Suprema determinó que el abogado no solo visitó a Cadena, sino que además fue a varias cárceles del país y conversó con varios exparamilitares y narcotraficantes.

Por su parte, la defensa de Uribe insiste en que no hubo amenazas y entrega de dinero, sino que estas personas fueron contactadas porque tenían la intención de testificar a favor del expresidente.

Para octubre de 2019, el alto tribunal vinculó a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo, y el 4 de agosto de 2020 ordenó la detención del exmandatario.

Días después el procesado renunció a curul en el Senado, argumentando violaciones y falta de garantía procesales en la Corte, perdiendo así su fuero y por ende, el caso pasó a la Fiscalía.

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El también exsenador quedó en libertad tras haber pasado 67 días privado de la libertad en su hacienda El Ubérrimo y que la jueza 30 penal de Bogotá así lo ordenara.

Finalmente, la Fiscalía asignó a Gabriel Jaimes como fiscal especial del caso, y será él quien decidirán entre la preclusión del proceso o acusar a Uribe.



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