El magistrado Ramiro Riaño Riaño, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró impedido para resolver la tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando una posible falta de imparcialidad debido a un vínculo indirecto con el exfiscal general Luis Eduardo Montealegre, víctima reconocida en el caso.
La decisión del magistrado se basa en que su compañera sentimental, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue nombrada fiscal local en provisionalidad en Zipaquirá (Cundinamarca) en 2013, durante la administración de Montealegre como fiscal general. Ante esta circunstancia, Riaño decidió apartarse del caso para evitar cualquier cuestionamiento sobre su imparcialidad.
“Evalúe la posibilidad de que se configura la aludida causal de impedimento que me lleva a plantearla y a apartarme de la discusión y decisión que se adopte en este asunto, para evitar cualquier cuestionamiento sobre la no imparcialidad como juez”, explicó en su documento de recusación.
Mientras tanto, el juicio oral contra Álvaro Uribe Vélez continúa suspendido. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó esta medida provisional en el marco de la acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario, la cual alega vulneraciones a sus derechos fundamentales en el proceso penal que enfrenta por presunta manipulación de testigos.
La tutela fue interpuesta contra la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, por supuestamente haber rechazado de manera indebida una recusación presentada por la defensa de Uribe. Ante esto, el tribunal consideró que la suspensión del juicio es “necesaria y urgente” debido a que está en duda la imparcialidad de la jueza.
El abogado del exsenador sostuvo que su cliente fue privado del derecho a que otro juez analizara la recusación, lo que constituye una violación del debido proceso.
“Se privó a mi cliente de que un juez distinto analizara la recusación, lo que constituye una vía de hecho”, manifestó la defensa.
La suspensión del juicio ha generado críticas por parte de los representantes de las víctimas en el proceso. El abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Deyanira Gómez, cuestionó la decisión del magistrado Riaño, argumentando que su impedimento debió haber sido declarado antes de ordenar la suspensión del juicio.
“Si el Magistrado Riaño sabía que se encontraba impedido, ¿por qué razón no lo advirtió antes del decreto de suspensión provisional de la actuación en contra de Álvaro Uribe Vélez?”, escribió en redes sociales.
