Cargos contra dos fiscales señaladas de favorecer al narcotraficante Segundo Villota

Las funcionarias estarían involucradas en un montaje que hizo pasar como integrante del frente oriental de las Farc a Segundo Alberto Villota Segura, un señalado narcotraficante pedido en extradición.


La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarias de la entidad en El Tambo (Cauca). María del Socorro Fernández Chávez, fiscal seccional e Isabel Rengifo, fiscal local, fueron sindicadas como presuntas coautoras responsables de los delitos prevaricato por acción agravada y fraude procesal.

Las funcionarias estarían involucradas en un montaje que hizo pasar como integrante del frente oriental de las Farc a Segundo Alberto Villota Segura, un señalado narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y considerado como el enlace en Colombia de los carteles mexicanos de ‘Los Zetas’ y ‘Sinaloa’.

Según las evidencias, la fiscal seccional, María del Socorro Fernández Chávez, formuló imputación de cargos por el delito de rebelión en contra de Villota Segura, sin soporto probatorio. De otro lado, la fiscal local, Isabel Rengifo, presentó escrito de acusación en el que resaltó la supuesta condición de desmovilizado del capturado, de tal manera que pudiera recibir beneficios de ley.

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Con esta simulación de hechos, presuntamente se quería evitar la extradición del señalado narcotraficante, requerido por una Corte Federal del Distrito de Texas, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

Otros involucrados

El 31 de enero de 2017, un juez Penal Municipal de Popayán dictó medida de aseguramiento y envió a la cárcel al patrullero de la Policía, Manuel Antonio Riascos Moreno, sindicado de poner en marcha el plan para favorecer a Segundo Alberto Villota Segura.

El uniformado habría elaborado un informe en el que se presentaba al narcotraficante como responsable del delito de rebelión. La Fiscalía imputó cargos contra el patrullero como presunto responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado. El uniformado aceptó los cargos y solicitó principio de oportunidad para colaborar con la justicia.

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Otro patrullero también es procesado por estos hechos, mientras que un exintegrante de la Policía Nacional, ya fue condenado a cuatro años de cárcel.



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