La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que, pese a la petición del presidente Petro, la situación de Daneidy Barrera, mejor conocida como “Epa Colombia”, solo puede ser modificada por un juez de ejecución de penas, descartando intervenciones directas del ejecutivo en el caso.
En declaraciones a Blu Radio, Buitrago explicó que la ley citada por el presidente, diseñada para beneficiar a madres cabeza de familia en condiciones de marginalidad, tiene limitaciones específicas. “La ley solo permite en ciertos comportamientos la utilización de esta ley de utilidad pública, no en todos”, precisó la ministra, añadiendo que existe una prohibición expresa para casos de instigación para delinquir.
Aunque la ministra manifestó su desacuerdo técnico con la calificación de terrorismo en el caso, enfatizó su respeto por la decisión judicial. “El delito de terrorismo tiene requisitos específicos y, en mi criterio técnico, disiento de esa clasificación, aunque respeto la decisión del juez”, señaló.
La aclaración surge tras el mensaje del presidente Petro en X, donde solicitaba aplicar beneficios para Barrera por su condición de madre cabeza de familia. Sin embargo, la ausencia de condiciones de marginalidad y la naturaleza de los delitos imputados podrían impedir la aplicación de estos beneficios.
