El gobierno de Gustavo Petro ha presentado una nueva política de drogas durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Drogas, con el objetivo de cambiar el enfoque actual y centrarse en la persecución de grandes narcotraficantes, así como en apoyar a campesinos para que transiten hacia actividades económicas lícitas.
Durante la conferencia, se revelaron datos preocupantes sobre el cultivo de coca en Colombia, proporcionados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, que se presentará oficialmente próximamente. Según un informe del Ministerio de Justicia basado en estos datos de 2022, Colombia ha alcanzado las 230,000 hectáreas de cultivo de coca, superando las 204,000 del año anterior, con una producción potencial de 1,738 toneladas métricas de cocaína.
En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, el informe señala un aumento en el país, pasando del 5.1% al 8.7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita entre 1996 y 2019.
El informe también destaca que de los 1,122 municipios de Colombia, solo 185 tienen cultivos de coca, y el 88% de estos cultivos han persistido durante más de 10 años. Además, el 49% de los cultivos ilícitos se ubica en zonas de manejo especial, como tierras de comunidades negras, reservas forestales, resguardos indígenas y parques nacionales naturales.
La persistencia de los cultivos en estas zonas se atribuye a las condiciones socioeconómicas precarias de la población cultivadora, con el 57% viviendo en situación de pobreza monetaria. A pesar de que el 72% de los cultivadores de coca dependen económicamente de esta actividad, la mayoría afirma que no les ha permitido salir de la pobreza ni tener una vida próspera. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 95% de las ganancias del mercado de las drogas ilícitas corresponde a la distribución, mientras que solo el 5% se relaciona con la producción, que es el eslabón más débil del sistema.