La producción petrolera en los departamentos de Meta y Arauca se encuentra en riesgo debido a continuos ataques al oleoducto y bloqueos en las zonas de operación. Esta situación está afectando gravemente la generación de divisas para el país, los empleos locales y las regalías para los municipios y departamentos.
Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Hay un sinnúmero de atentados al oleoducto que dificultan poder sacar los hidrocarburos para generar divisas que necesita el país. Tenemos en estos dos departamentos concentradas las actividades y es donde debemos hacer mayor equipo para sacar adelante sus cuellos de botella”.
Los ataques y bloqueos han provocado una intermitencia en las operaciones, lo que ha llevado a la suspensión de contratos laborales. En Puerto Gaitán, Meta, donde se concentra gran parte de la actividad petrolera, cerca de 10,000 empleos directos están en riesgo.
“Tenemos que privilegiar el trabajo respetando la protesta sin el bloqueo a las personas que desean trabajar y necesitan trabajar”, señaló Castañeda, destacando la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la continuidad de las operaciones.
La situación no solo afecta a las empresas operadoras, sino también a los municipios y departamentos que reciben menos regalías debido a la disminución en la producción. Esto tiene un impacto directo en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes de estas regiones.
Castañeda hizo un llamado a la acción conjunta: “Es un trabajo en equipo que lo tenemos que coordinar entre todos y en eso estamos alineados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las operadoras”. El objetivo es encontrar soluciones que permitan mantener la producción petrolera sin descuidar las necesidades y preocupaciones de las comunidades locales.
La industria petrolera busca implementar estrategias para mitigar los efectos de esta crisis, trabajando en coordinación con autoridades locales y nacionales. Se espera que estas acciones ayuden a estabilizar la producción y a proteger los empleos en el sector, mientras se abordan las causas subyacentes de los conflictos en la región.
