Con base en audios filtrados a la prensa, el exjefe paramilitar habló de su papel como ‘bisagra’ entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de las fuerzas militares del Estado, especialmente el Ejército, la Policía y el ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
También mencionó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez aparentemente tenía pleno conocimiento de la operación que culminó en la masacre de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, en 1997. Información que Uribe mismo negó recientemente.
En respuesta a estas acusaciones, Uribe tuiteó que Salvatore Mancuso está cambiando su versión de los eventos de El Aro para justificar el beneficio de la creación intencional de la teoría ‘bisagra’ de la JEP-FARC. Afirmó que agregaría esto a las denuncias en los Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia.
Uribe ha negado consistentemente cualquier participación con Mancuso y ha desestimado las acusaciones como parte de una agenda política más amplia en su contra. La investigación implica no solo a Uribe sino también a más de 300 personas, incluidos funcionarios, militares y paramilitares, presuntamente asociados con Mancuso a través de colaboraciones con las Convivir.
La masacre de El Aro involucró la destrucción de un pueblo, resultando en la quema de casas, el robo de ganado y la tortura y asesinato de 12 personas falsamente acusadas de ser guerrilleras. Mancuso afirmó que oficiales militares de alto rango, incluidos los generales Alfonso Monsalva e Iván Ramírez Quintero, estaban involucrados en el crimen y que Uribe tenía pleno conocimiento de la operación.
En respuesta a estas acusaciones, Uribe escribió que agregaría las últimas afirmaciones de Mancuso a las denuncias en los Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia.
A pesar de la negación de Uribe, Mancuso afirmó durante la audiencia de la JEP que el general Ramírez buscó su ayuda para organizar y coordinar la operación El Aro en nombre de Uribe. Mancuso mencionó que Pedro Juan Moreno, entonces Secretario de Gobierno de Antioquia durante la administración de Uribe, solicitó la operación, alegando actuar en nombre de Uribe.
La JEP aceptó a Mancuso como un miembro excepcional de la Fuerza Pública después de una audiencia mixta. Esta decisión le permite participar en el proceso de justicia transicional. Uribe respondió a las acusaciones enfatizando que nunca conversó ni se reunió con Mancuso y afirmó que estas acusaciones formaban parte de una conspiración política.
Uribe se refirió a un editorial de mayo de 2007 que destacaba su negativa a reunirse con Mancuso en Tierralta en 2001. En ese artículo, se citó a Uribe diciendo que reunirse con Mancuso u cualquier otro líder paramilitar le impediría convertirse en presidente del país.
La situación continúa desarrollándose, con investigaciones en curso y reacciones de varios personajes políticos involucrados.
