Los presidentes de las altas cortes colombianas emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación por las recientes denuncias de presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales a miembros del poder judicial.
El documento, firmado por los líderes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la independencia y seguridad de la Rama Judicial.
La declaración surge en respuesta a la denuncia formal presentada por Jorge Enrique Ibáñez Najar, vicepresidente de la Corte Constitucional, ante la Fiscalía General de la Nación. Los altos magistrados califican estos hechos, de confirmarse, como una grave amenaza a la democracia colombiana y a la integridad de jueces y magistrados.
En el comunicado, los presidentes de las cortes exigen a la Fiscalía General celeridad en las investigaciones para esclarecer la situación que afecta al magistrado Ibáñez, su esposa y su equipo de trabajo. Además, expresan su solidaridad y respaldo a los afectados por estas presuntas actividades ilegales.
“Demandamos del Gobierno Nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor y solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer una situación que afecta directamente al magistrado Ibáñez, su señora esposa y a su equipo de trabajo, a quienes expresamos nuestra solidaridad y respaldo”, dice el comunicado.
Este incidente ha escalado rápidamente. Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue citado a un debate de control político en el Senado para responder sobre las supuestas interceptaciones ilegales, no solo a magistrados, sino también a miembros de la oposición.
El senador David Luna, de Cambio Radical, ha manifestado su inquietud sobre la posibilidad de que la DNI esté llevando a cabo escuchas ilegales que afecten a opositores políticos, periodistas y militares retirados.
