El debate sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente en Colombia ha alcanzado nuevos niveles de tensión tras un intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional (CGN) ha emitido un comunicado en respuesta a las recientes afirmaciones del mandatario, acusándolo de utilizar un lenguaje agresivo y polarizante.
La controversia se desató cuando Petro, reaccionando a las preocupaciones expresadas por la Federación de Transportadores de Carga (Colfecar) sobre la propuesta constituyente, declaró: “La extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches. A la sierra eléctrica”. Esta declaración fue interpretada por el CGN como una estigmatización del sector empresarial.
En su comunicado, el CGN expresó su rechazo categórico a los “calificativos agresivos y de polarización” utilizados por el Presidente, argumentando que tales expresiones “no representan a esta organización y por el contrario la estigmatiza”.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cuestionó la viabilidad de un acuerdo nacional en el actual clima político: “Es muy difícil creer en la voluntad de adelantar un acuerdo nacional ante tantas agresiones a tantos estamentos de la sociedad, alcaldes, empresarios, gremios, periodistas. La única forma de imaginar un acuerdo nacional es ante hechos claros de voluntad de trabajar, respetar, escuchar y concertar. Hoy no los vemos”.
El Consejo Gremial también subrayó la importancia de la unidad nacional para la reactivación económica, calificando de “incomprensible” que el Presidente busque acuerdos nacionales mientras estigmatiza a los representantes empresariales. Además, el CGN defendió su derecho a expresar opiniones sin censura, afirmando que no pueden aceptar “que se criminalicen las posturas legítimas dentro del debate democrático”.
Esta confrontación surge después de que Colfecar expresara sus reservas sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente, argumentando que podría implicar mayores costos para el Estado en un momento en que se debería priorizar la inversión en seguridad y reactivación económica.
