Academia Colombiana de Jurisprudencia condena presuntas ‘chuzadas’ a magistrados

La Academia destacó la importancia de respetar a los funcionarios judiciales y sus decisiones
3 semanas atrás

La Academia Colombiana de Jurisprudencia ha manifestado su condena absoluta ante las posibles interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional, en particular al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y su equipo de colaboradores. En un comunicado, la Academia expresó su solidaridad con las víctimas de estas acciones ilegales.

Juan Rafael Bravo, presidente de la Academia, señaló que este tipo de incidentes no son nuevos en el país y que en el pasado se ha demostrado que las interceptaciones suelen provenir de entidades o individuos que buscan proteger sus intereses ante decisiones judiciales adversas. “Se trata de una agresión al poder judicial con el objetivo de amedrentar y violar la intimidad de los jueces, quienes tienen el poder de controlar los excesos del Legislador y del Gobierno”, afirmó Bravo.

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La Academia destacó la importancia de respetar a los funcionarios judiciales y sus decisiones, recordando que una gran cantidad de conflictos se resuelven en las Altas Cortes mediante sentencias que, aunque a veces no son del agrado de los gobiernos o las partes involucradas, tienen la fuerza de cosa juzgada. Este modelo constitucional, según la Academia, exige un equilibrio y responsabilidad de los tres poderes públicos, sin interferencias indebidas.

En su comunicado, la Academia hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar cualquier ataque al órgano judicial, advirtiendo que tales agresiones podrían llevar al colapso del orden institucional y del Estado de Derecho en Colombia. “La labor de los jueces debe ser autónoma y libre, siempre en conformidad con la Constitución, la Ley y el Derecho”, puntualizó Bravo.

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El contexto de estas declaraciones se enmarca en un panorama de presuntas interceptaciones que han generado preocupación entre los miembros del poder judicial. La Fiscalía ha extendido las denuncias presentadas por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evidenciando la gravedad de la situación.