A un debate de ser ley proyecto que impide inmovilización de motocicletas

La propuesta, presentada por el Senador Gustavo Moreno, pretende establecer igualdad en las sanciones de tránsito aplicables a automóviles y motocicletas.
6 meses atrás

El Senado de la República se encuentra a un paso de aprobar el Proyecto de Ley 310 de 2023, una iniciativa que pretende establecer igualdad en las sanciones de tránsito aplicables a automóviles y motocicletas.

La propuesta, presentada por el Senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, busca modificar el Código Nacional de Tránsito Terrestre para evitar la inmovilización inmediata de motocicletas ante cualquier infracción.

Según datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), durante el año 2022, el 90% de las motocicletas adquiridas fueron destinadas a ser utilizadas como herramienta de trabajo.

Adicionalmente, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) reveló que, de los 18.082.451 vehículos registrados en ese mismo año, 10.937.652 correspondían a motocicletas, representando así el 61% del parque automotor nacional.

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El Senador Moreno Hurtado, ponente del proyecto, ha manifestado su preocupación por la disparidad en el tratamiento de las infracciones entre automóviles y motocicletas.

Actualmente, mientras los automóviles reciben comparendos sin ser retirados de circulación, las motocicletas son inmovilizadas de forma inmediata hasta que se efectúe el pago de la respectiva multa. El legislador considera que esta situación vulnera el principio de igualdad y equidad que debe regir para todos los vehículos que transitan legalmente por las vías del país.

La iniciativa parlamentaria no contempla modificaciones en las infracciones existentes, sino que se enfoca en equiparar las sanciones aplicadas a motociclistas y automovilistas.

De esta manera, se eliminaría la disposición que ordena la inmovilización de las motocicletas hasta el pago de la multa correspondiente.

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El proyecto ha recibido el apoyo de senadores pertenecientes a diversas bancadas, quienes coinciden en la necesidad de ajustar las sanciones de acuerdo con los principios de justicia y equidad propios del Estado social de derecho.