De acuerdo con la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, el país en 19 meses ha tenido que pagar 2.620 millones de pesos en indemnizaciones a personas que han sido procesadas por violencia sexual contra menores.
Las cifras alarmantes informan, que las indemnizaciones equivalen a más de 233 millones de pesos por conceptos de perjuicios materiales y 3.239 salarios mínimos por concepto de perjuicios morales.
Según el Consejo de Estado, la falta de pruebas en los procesos judiciales contra estas personas, obligan a dejarlas en libertad y luego pagar indemnización por mantener en prisión a una persona sin resolverse su situación judicial.
Para la magistrada auxiliar del Consejo de Estado, Nidia Cerinza, “las indemnizaciones son para el abusador y la familia porque muchas veces no comprendemos las mecánicas del delito de abuso sexual y no decidimos en pro de las víctimas”.
“Uno de los problemas que se tiene, es que el juez y el fiscal, trata a los niños víctimas como un adulto y pretende que le responda exactamente en preguntas que ni siquiera la niña entiende”, puntualizó la magistrada.
En ese sentido, la corporación señala, algunas de las motivaciones de los fallos condenatorios, se basan en la no creencia al menor, falta de pruebas físicas y empatía por el agresor, dejando a un lado los intereses de las víctimas.
