Cuando el Gobierno Nacional ordenó el 16 de marzo de 2026 la liquidación de todas las EPS en quiebra, pasó por alto una realidad que los gobernadores conocen de cerca: en departamentos como Córdoba, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila y a lo largo de la Costa Caribe, las aseguradoras intervenidas son, en muchos municipios, el único operador de salud disponible para poblaciones rurales y dispersas.
Así lo advirtió este jueves la Federación Nacional de Departamentos (FND), que exigió al Gobierno Nacional certificar la existencia de un asegurador alternativo habilitado, con red de prestación suficiente y músculo financiero demostrable, antes de proceder con cualquier acto de liquidación. Sin ese requisito previo, el cierre de una EPS en esos territorios no es una reforma administrativa: es la suspensión de facto del derecho constitucional a la salud.
En los municipios donde la EPS intervenida opera como único asegurador, su desaparición inmediata dejaría pacientes en diálisis sin acceso a sus sesiones, personas con cáncer sin quimioterapia, enfermos crónicos sin medicamentos vitales y comunidades enteras sin posibilidad de remisión o seguimiento clínico oportuno.
La FND señala que esta no es una hipótesis, sino una certeza geográfica: la infraestructura de aseguramiento en Colombia es profundamente desigual, y los territorios de frontera, las zonas de difícil acceso y los municipios más pobres de la Costa Caribe y el Pacífico dependen de entidades que hoy el Gobierno pretende cerrar sin haber construido el reemplazo.
Por eso, el gremio de gobernadores insiste en que la liquidación debe ser un proceso gradual, territorializado y verificable, no un decreto que transfiera la crisis financiera de las EPS directamente al cuerpo de los pacientes más vulnerables del país.
