El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial rechazando “de manera categórica y contundente” la decisión de Estados Unidos de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra migrantes venezolanos, calificándola como una medida “anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”.
En el texto, las autoridades venezolanas denuncian que esta acción “criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana” y comparan la medida con “los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi”.
El gobierno venezolano defiende a sus connacionales, señalando que “en su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas”.
Asimismo, el comunicado rechaza lo que describe como “persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonio, negocios, vehículos y cuentas bancarias”, y denuncia que los venezolanos en Estados Unidos “están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos”.
El documento expresa particular indignación ante “la amenaza de secuestro de menores de 14 años” y la calificación sumaria de niños como miembros de grupos terroristas “por el solo hecho de ser venezolanos”.
Venezuela ha convocado a la “unidad nacional” y anuncia que desarrollará “todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político, en defensa de nuestros migrantes”, prometiendo utilizar todos los espacios de la institucionalidad multilateral para defender “exhaustivamente los derechos de sus migrantes”.
