El presidente Donald Trump eliminó las restricciones que impedían a las autoridades realizar arrestos de inmigrantes indocumentados en lugares considerados sensibles como iglesias, hospitales y escuelas. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, revoca una política establecida en 2011.
Según Benjamin Huffman, secretario interino del DHS, la decisión busca “atrapar a criminales extranjeros” que han ingresado ilegalmente al país. Paralelamente, la administración anunció la eliminación gradual de programas humanitarios que beneficiaban a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.
Esta nueva política podría tener serias implicaciones para las comunidades migrantes, generando temor y posiblemente afectando la asistencia escolar de niños indocumentados. Los arrestos podrían extenderse incluso a eventos como bodas, funerales y manifestaciones proinmigración.
La administración Trump critica que el gobierno anterior permitió “indiscriminadamente” el ingreso de 1.5 millones de migrantes bajo programas humanitarios, aunque asegura que los nuevos casos se evaluarán individualmente.