Un juez federal estadounidense mantuvo el bloqueo a la deportación inmediata de venezolanos acusados de vinculación con el Tren de Aragua, estableciendo que estos migrantes tienen derecho a defenderse antes de ser expulsados del país.
James Boasberg, juez de la Corte de Distrito de DC, dictaminó que las autoridades estadounidenses no pueden deportar automáticamente a estos venezolanos sin otorgarles la oportunidad de refutar individualmente las acusaciones sobre su presunta pertenencia a esta organización criminal.
El magistrado cuestionó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros que la administración Trump utilizó como fundamento legal para estas expulsiones, señalando que el gobierno no aportó evidencias suficientes para justificar tal medida.
“El Gobierno se equivocó. Todos niegan vehementemente ser miembros del Tren de Aragua y, por lo tanto, estar sujetos a la proclamación. De hecho, varios afirman que huyeron de Venezuela y temen graves consecuencias si son deportados únicamente por la clasificación indiscutible del gobierno”, indica el documento judicial de 37 páginas.
El caso involucra a cinco venezolanos detenidos en Texas que solicitaron medidas de emergencia el 15 de marzo para evitar su deportación. Boasberg enfatizó en su dictamen que estos migrantes “tienen derecho a audiencias individuales para determinar si la ley les aplica”, reconociendo que varios habían escapado de Venezuela por temor a represalias.
Mientras tanto, en El Salvador, la situación de más de 200 venezolanos deportados continúa generando preocupación. Los abogados Jaime Ortega y Salvador Ríos presentaron 30 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, buscando la liberación de estas personas que, según afirman, se encuentran en un “vacío o limbo legal” al no existir acusaciones formales contra ellos en territorio salvadoreño ni venezolano.
“No hay condena ni acusación en El Salvador contra estas personas”, declaró Ortega a EFE, revelando además que el gobierno venezolano mostró interés en el caso y contactó a los representantes legales para explorar opciones de repatriación.
Aunque Trump defendió estas deportaciones masivas afirmando que los migrantes pasaron por “un proceso riguroso” para verificar sus vínculos con el Tren de Aragua, investigaciones periodísticas de Univision y Efecto Cocuyo revelaron que muchos fueron identificados simplemente por sus tatuajes, sin evidencias concluyentes de su relación con la banda criminal.