Una situación de alta tensión se vive en Bolivia tras el despliegue de fuerzas militares en las cercanías de la sede del gobierno en La Paz. El presidente Luis Arce denunció “movimientos irregulares” de unidades del Ejército, alertando sobre una posible amenaza a la estabilidad democrática del país.
Testigos y medios locales reportaron la presencia de tanques y efectivos fuertemente armados en la Plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano. El comandante general del Ejército, Juan José Zuñiga, habría amenazado con tomar el control de la sede ejecutiva, según informes preliminares.
El expresidente Evo Morales calificó la situación como un intento de golpe de Estado, señalando la presencia de francotiradores en la zona. Morales hizo un llamado a la población para defender la democracia frente a lo que considera acciones militares contra el pueblo.
Videos compartidos en redes sociales muestran a soldados equipados con armamento pesado y vehículos blindados congregándose en la plaza central de La Paz, generando preocupación entre la ciudadanía y observadores internacionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) reaccionó rápidamente ante los acontecimientos. Su secretario general, Luis Almagro, condenó enérgicamente los hechos, enfatizando que el ejército debe someterse al poder civil legítimamente electo. Almagro expresó la solidaridad de la OEA con el presidente Arce y advirtió que la comunidad internacional no tolerará ningún quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia.
