El gobierno de Nicolás Maduro llamó a consulta al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y a su propia embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, en respuesta a lo que considera “insolentes, injerencistas y groseras declaraciones” la ministra española de Defensa, Margarita Robles, sobre la situación política en el país sudamericano.
La tensión se intensificó después de que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, solicitara asilo en España, alegando persecución política tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. Robles criticó la “persecución” y “limitación de derechos fundamentales” que, según ella, sufren los opositores en Venezuela.
En este sentido, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominado por el chavismo, propuso romper todos los lazos diplomáticos y económicos con España. Esta medida surge después de que el Legislativo español reconociera a González Urrutia como presidente electo, desafiando el resultado oficial que dio la victoria a Maduro.
La oposición venezolana sostiene que González Urrutia ganó las elecciones, basándose en actas electorales que el gobierno de Maduro califica de falsas. Esta disputa ha agravado la crisis política en Venezuela y ha llevado a un incremento de las tensiones internacionales, con posibles repercusiones en la emigración y la situación de los derechos humanos en el país.
