La crisis política en Venezuela alcanza nuevos niveles de tensión con el anuncio de la Fiscalía General de abrir una investigación penal contra María Corina Machado, líder antichavista, y Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición mayoritaria. El fiscal general, Tarek William Saab, ha acusado a ambos de “instigación a la insurrección” tras su llamado a las fuerzas de seguridad para que cesen la represión y respeten los resultados electorales que, según la oposición, favorecen a González Urrutia.
La investigación, anunciada el lunes, abarca una serie de presuntos delitos que incluyen usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia de las leyes, y conspiración. Saab argumenta que las declaraciones de los líderes opositores constituyen una “abierta incitación” a la desobediencia, desafiando la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este movimiento legal ocurre en medio de crecientes protestas y acusaciones de fraude electoral por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La coalición opositora insiste en que González Urrutia ganó por un amplio margen, respaldando sus afirmaciones con la publicación del “81%” de las actas electorales, mientras que el CNE aún no ha divulgado las actas oficiales.
La tensión se ha intensificado con reportes de al menos 13 muertes y más de 2,000 detenciones relacionadas con las protestas postelectorales. La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y varios países europeos, ha expresado su preocupación y pedido transparencia en el proceso electoral.
