Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes desde las elecciones del 28 de julio de 2024. Según datos del Foro Penal, organización defensora de presos políticos, hasta el 9 de agosto se han registrado 1.263 arrestos verificados e identificados en todo el país.
Marino Alvarado, activista de Provea, señala que al menos el 80% de los detenidos, calificados como “terroristas” por el gobierno, pertenecen a sectores humildes que protestaron contra el presunto fraude electoral.
“Desde los tiempos de Augusto Pinochet, no se había dado una razzia represiva de tal magnitud en América Latina”, afirma Alvarado, destacando que la represión ha dejado 23 personas asesinadas.
El informe del Foro Penal revela datos alarmantes: 114 adolescentes, 5 indígenas, 16 personas con discapacidad y 160 mujeres se encuentran entre los detenidos.
La capital, Distrito Capital, lidera con 230 arrestos, seguida por Carabobo con 197 y Anzoátegui con 114.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, identifica un patrón de detenciones masivas con intención intimidatoria. Casos como el de María Valentina Méndez, futbolista de 24 años detenida camino a un entrenamiento, o un hombre con discapacidad auditiva incomunicado, ilustran la arbitrariedad de los arrestos.
Esta situación ha generado una crisis humanitaria, con las oficinas del Foro Penal en Caracas abarrotadas de familiares buscando ayuda legal e información sobre sus seres queridos detenidos.
