Montería. Un nuevo capítulo se suma al conflicto entre las comunidades asentadas en la zona de influencia del relleno sanitario Loma Grande, la Alcaldía de Montería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
La representación judicial de estas comunidades interpuso un incidente de desacato contra los directivos de la empresa Urbaser, antes Servigenerales y operadora del relleno, el alcalde de Montería y la ANLA, por presunto incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en la que se amparó el derecho de identidad étnica de dicha comunidad.
El incidente de desacato fue negado el pasado viernes 3 de septiembre por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al considerar que dichas entidades han venido desarrollando mesas de trabajo con las comunidades afectadas y no se observa cumplimiento de las acciones requeridas por la Corte.
En la providencia la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería indica que “no se puede hablar de incumplimiento por parte de las autoridades accionadas o que exista desidia o desinterés de estas para dar cumplimiento a la orden de tutela cuando se observa que ha habido un acatamiento al fallo”.
El Tribunal revisó la documentación aportada por Urbaser, la Alcaldía de Montería y las demás entidades, donde se constatan la realización de mesas técnicas, visitas al sitio del relleno sanitario, monitoreos ambientales y la creación de canales de atención personalizada para la que la comunidad exprese sus inquietudes.
“Observa la sala que desde el 2017 hasta la actualidad se han venido desarrollando mesas de trabajo con las comunidades afectadas y se han hecho visitas constantes a los hogares de los habitantes de Loma Grande, se han llevado espacios participativos con el objetivo de atender las quejas, peticiones y reclamos”, dijo el Tribunal.
PROVIDENCIA INCIDENTE DE DESACATO RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ HERRERA