Fernán Bula arranca de las enredaderas una maracuyá brillante. Sonríe y dice que atrás quedaron sus días en Montería, donde, a sus 59 años, se rebuscaba el sustento cargando bultos. “Por fin pude volver a mi parcela. Aquí tengo un cultivo de fruta y le doy empleo a cuatro personas”, dice el campesino, quien desde hace más de una década no había podido pisar su tierra, pese a estar a tan solo 17 kilómetros de la capital de Córdoba.
Así como Bula, otros 124 labriegos y sus familias han sido notificados durante los dos últimos años por jueces especializados en restitución de tierras de Antioquia de la devolución de sus parcelas, lo que significa que ya pueden retornar a ellas. Desde hace seis meses, por lo menos 60 familias volvieron a sus antiguos predios.
Estos parceleros fueron víctimas de los hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quienes los despojaron entre 1999 y 2000 de la antigua Hacienda Santa Paula, de 1.195 hectáreas, en el corregimiento de Leticia, en Montería.
Si bien después de tantos años pocos se atreven a pronunciar los nombres de sus victimarios, las autoridades han venido trabajando en sus casos y el pasado 15 de marzo el CTI de la Fiscalía capturó a tres personas que fueron señaladas en los juicios de restitución de haber sido cómplices de ese despojo. Se trata de Gabriela Inés Henao Montoya, Manuel Benito Causil Díaz y Lázaro de León de León, quienes fueron acusados del delito de desplazamiento forzado.
La Unidad de Restitución de Tierras documentó que Henao fue la mujer que entre finales de 1999 y 2000 buscó a los labriegos y los obligó a que le vendieran los predios a un millón de pesos, un precio muy por debajo del costo comercial de las apetecidas tierras de Córdoba. Su esposo es Diego Alonso Sierra, vinculado al caso del llamado ‘Parqueadero Padilla’, considerado en su momento el centro de finanzas de las Accu, allanado por la Fiscalía en 1998 en Medellín.
De León de León fue el entonces Notario 2 de Montería que firmó las escrituras para que Henao se hiciera a 97 parcelas que sumaban 600 hectáreas. Causil Díaz fue director de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), la organización de los Castaño que primero entregó tierras a los campesinos y luego los presionó para salir de ellas.
Los parceleros admiten que aún sienten temor, pero también reconocen que no los frena para comenzar de nuevo. “Fue mucha la felicidad cuando los vecinos nos volvimos a encontrar. Fueron quince años desplazados, sin saber el uno del otro”, cuenta un campesino mientras busca la sombra de un árbol para soportar los cuarenta grados que sofocan a la Santa Paula.
Volver a empezar
Lo que puede verse de la extensa hacienda, a cuarenta y cinco minutos desde Montería por una vía polvorienta, pero transitable, es un gran potrero de pastos secos y chamizos. Beatriz Arciniegas, líder de las mujeres madres cabeza de familia de la Santa Paula, cuenta que hace unos seis meses, cuando comenzó el retorno, lo primero que hicieron fue parcelar sus predios de acuerdo con las medidas consignadas en la sentencia de tierras.
Pero lo más difícil ha sido permanecer días enteros bajo los rayos del sol. Antonio Anaya fue de los pocos afortunados. En su parcela, los opositores al proceso de restitución y en el momento en que él estuvo desplazado construyeron una amplia casa en ladrillo. Aunque los que vivían allí antes arrancaron los marcos de madera de la ventana antes de irse, los muros y los techos quedaron intactos.
“Me enteré del proceso de restitución por televisión. Vi que ya eso estaba andando en Montes de María (región entre Sucre y Bolívar). Tenía temor pero ahora estamos tranquilos. La policía nos está respaldando todo el día. Desde la mañanita hasta la noche”, dice Anaya, quien a sus 68 años siente que aún tiene fuerzas para hacer productiva su tierra. Cultiva yuca y plátano, ordeña las vacas que un vecino le presta y a punta de pequeños tubos de PVC construyó un corral en el que espera criar pollos.
Los otros parceleros han buscado a Anaya para que durante el día los deje descansar en la casa. Tienden las hamacas y esteras, buscando un rato de sombra. Desde que comenzó el retorno, los campesinos no han dejado de ir un solo día. Otros han construido improvisados refugios con palma y plástico para soportar la jornada, pues tienen mucho por limpiar y cultivar. La jornada en el campo comienza a las seis de la mañana y termina a la una de la tarde. Luego, se organizan para los quehaceres de la casa.
“Acá lo urgente son las viviendas. Si viene el viento y la lluvia, ¿a dónde voy a parar con mi familia?”, pregunta Luis Alberto Franco, quien espera que el gobierno les cumpla con la promesa de que en junio de este año habrá ya 23 casas construidas. Así lo aseguró Juan Carlos Ortega, gerente nacional de Vivienda Rural del Banco Agrario, quien explicó que las viviendas con dimensiones de ocho por cinco, es de decir, de 40 metros cuadrados, serán construidas por la Fundación Horizonte y los diseños serán socializados con la comunidad.
“Hay dos diseños de casa. Uno abierto y otro cerrado. Es curioso que en varias zonas donde hemos presentado los modelos, los campesinos nos dicen que prefieren el segundo. Esto quizá sea una muestra de la marca del miedo que dejó la violencia en las familias”, señaló Ortega.
Mientras las viviendas son una realidad, los campesinos tratan de levantar cultivos de pancoger, principalmente maracuyá, plátano y yuca, con recursos del programa de Proyectos Productivos que impulsa la Unidad de Restitución de Tierras. Según datos de estas institución, para Córdoba asignaron hasta ahora 3 mil 100 millones de pesos, que han favorecido a 136 familias en el departamento, de las cuales 116 son de la antigua hacienda Santa Paula.
Todos sueñan con reconstruir su tejido comunitario y que algún día, no muy lejano, tengan su casa y cultivos en producción. Beatriz Arciniegas, por ejemplo, cuenta que está esperando que su hija obtenga su título de ingeniera ambiental, carrera que le ha costado el trabajo de muchos años vendiendo fritos. “Se nos ocurrió una idea, un proyecto que queremos desarrollar en la parcela. Vamos a esperar a tener la casa y claro, a que ella se gradúe”, dice orgullosa.
La mayoría de los campesinos que han regresado son personas de más de 60 años de edad. Cuando las parcelas estén en mejores condiciones esperan que sus hijos conozcan y sientan apego por el campo. Aunque reconocen que todavía tienen recuerdos muy duros de la violencia, creen que hay garantías para estar allá y salir adelante.
Con información de: Verdad Abierta
