“Hemos cumplido con las mesas técnicas y las acciones acordadas”: Urbaser

Urbaser pretende articularse a los proyectos de la administración municipal con el fin de garantizar varios servicios fundamentales como el agua potable.


Redacción. El gerente regional de la Costa Atlántica de Urbaser, empresa encargada de operar el relleno sanitario de la ciudad de Montería, Ángel Uriel García, se refirió al incidente de desacato que fue interpuesto por la representación judicial de las comunidades de la vereda Loma Grande.

Con esta acción los habitantes de esta comunidad rural reclamaban por el supuesto incumplimiento de Urbaser, la Alcaldía de Montería y la ANLA, a la sentencia de la Corte Constitucional en la que se protegía el derecho de identidad étnica de esa comunidad.

El directivo por su parte, resaltó que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería negara dicho incidente, al tiempo en que aseguró que la documentación suministrada por la empresa, da cuenta de la realización de las mesas técnicas.

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“Instauraron una acción de desacato a la Alcaldía, a la CVS, y a nosotros, luego llegaron los documentos donde demostramos con las entidades que he nombrado, que les hemos cumplido con las mesas de trabajo y con las acciones que se han acordado”, precisó.

“El fallo definitivo nos exonera a la Alcaldía, a la CVS, a la ANLA y a nosotros, de cualquier acción de desacato”, agregó.

Ante las quejas de la comunidad, el gerente regional indicó que Urbaser se articulará a los proyectos de la administración municipal con el fin de garantizar varios servicios fundamentales como el agua potable.

“Queremos ir más allá del fallo, no es nuestro problema el agua potable, pero queremos contribuir, porque no hay derecho que los habitantes de Loma Grande que están a menos de 8 kilómetros de Montería, hoy en día no tengan agua potable”, dijo,

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“Señores de las autoridades ambientales vamos a construir cosas para futuro, empecemos a voltear las páginas y si tenemos deudas nos ponemos al día, pero vamos a construir de aquí en adelante”, agregó.

Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería argumentó que “desde el 2017 hasta la actualidad se han venido desarrollando mesas de trabajo con las comunidades afectadas” por parte de la empresa.



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