Tras una sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba, que ordena el cierre definitivo del relleno sanitario de Loma Grande en Montería, la Defensoría del Pueblo asumió el rol de seguimiento en esta importante decisión, que responde a una acción popular iniciada por el cabildo indígena Jaraguay, con el respaldo decisivo de la Defensoría.
El fallo ordena el cese definitivo de operaciones del relleno, gestionado por Urbaser Colombia SA ESP, debido a graves irregularidades ambientales, incluyendo el vertimiento ilegal de lixiviados en fuentes hídricas naturales.
La Defensoría, a través de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, integrará un comité de verificación junto a otras entidades como la Procuraduría, la ANLA, la CVS y autoridades locales. Este organismo vigilará el cumplimiento estricto de las medidas ordenadas por el tribunal.
El compromiso de la Defensoría no se limita a la supervisión; la entidad ha acompañado a las comunidades afectadas durante todo el proceso legal, asegurando el reconocimiento de las vulneraciones a sus derechos colectivos.
