Montería. Tras el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos en el pasado Congreso Nacional de Municipios, de tramitar la derogación de la llamada Ley de Garantías, a fin de que haya facilidad para contratar y ejecutar obras en los últimos nueves meses de gobierno que les queda a los mandatarios regionales, son muchas la voces a favor y en contra de la iniciativa.
El primero en reaccionar desde el Ministerio Publico, fue el procurado Alejandro Ordoñez que calificó la propuesta como perjudicial y nociva para la democracia.
“La razón de la Ley de Garantías es precisamente evitar la utilización de los recursos públicos para desequilibrar las garantías electorales”, afirmó el procurador.
El jefe del Ministerio Público, aseguró que la Ley de Garantías no paraliza la ejecución administrativa de los entes territoriales, sino que evita el derroche del erario en zonas donde la contratación va muy ligada a la política.
Aunque la polémica ya está armada, el alcalde Carlos Eduardo Correa, quien ostenta uno de los mayores índices de imagen favorable y ejecución al ser catalogado el mejor alcalde de Colombia, está de acuerdo con la propuesta presidencial.
“A un alcalde en el proceso de ejecución de los 4 años del plan de desarrollo tiene muchos momentos en los que la Ley de Garantía frena la ejecución, por ejemplo para elecciones de Congreso, Presidencia y elecciones regionales, es casi un año de ley de garantías donde los procesos de contratación se paralizan”, indicó el mandatario local.
Correa, indicó que el trasfondo de la propuesta tal como se plantea le hace bien a la gestión administrativa de los entes territoriales, pues en muchos casos los 4 años no son suficientes para hacer todo lo plasmado en el plan de desarrollo.
“Es cierto que en algunas partes la contratación se usa con fines politiqueros, pero yo estoy de acuerdo que en los finales de las administraciones no deben ser tan estrictas pues se cortan muchas de esas acciones que tenemos por contratación directa”, puntualizó el alcalde Correa.
