Montería. El congreso de derechos humanos que desarrolló la Defensoría del Pueblo durante este jueves y viernes en el Centro de Convenciones de la capital cordobesa dejó varias conclusiones, entre ellas la urgente reforma a la justicia que derive en una descongestión de las cárceles que se encuentran en hacinamiento y transformar los penales, pues estos no están cumpliendo su función resocializadora.
Para el jurista penal Iván Cancino González, uno de los ponentes del evento, precisó que la cárcel no puede convertirse en solución a todos los problemas de orden público y seguridad ciudadana.
“La persona piensa que la cárcel es igual a que haya impunidad y esto no es cierto. La mayoría de extorsiones se cometen desde las cárceles. Los penales deben cumplir con una función de resocialización y para ello deben cumplir con su capacidad de albergar personas”, esgrimió el abogado.
Dijo que ello no se está cumpliendo, toda vez que el hacinamiento es una barrera que impide que la persona que se encuentra privada de la libertad desee llevar a cabo de manera plena su reingreso en la sociedad.
Cancino González puso como ejemplo la asfixiante situación que viven en la actualidad más de 100 mil personas que están detenidas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en los centros de detención transitoria de todo el país.
“Más o menos de los 100 mil detenidos, el 30% no han sido condenados, son personas sindicadas. Y si a eso le suma que la Fiscalía pierde siete de cada diez casos, significa que 21 mil personas que hoy están privadas de la libertad, lo están injustificadamente. Y las 70 mil personas que quedan, hay muchas que pueden cumplir alguna parte de la pena fuera de la cárcel de una manera muy fácil y que no pongan en peligro a la comunidad”, sentenció el penalista.